Próxima estación: la resistencia no ha sido obstáculo para la “transformación”

Andrea Lariza Virrueta*

Diana Sandoval Perevochtchikova**

Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA)

El Tren Maya es el proyecto “estrella” del sexenio, el cual busca voltear a ver las poblaciones que llevan tanto tiempo invisibilizadas. Según declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, “no es un capricho o una imposición, es un acto de justicia, porque ha sido la región del país más abandonada”.[1] Sin embargo, en la práctica, no hay beneficios ni retribuciones palpables hacia las comunidades indígenas mayas ni a los pueblos choles, tzotziles o lacandones.

En el discurso oficial, el Tren Maya consiste en un nuevo servicio de transporte que interconectará zonas turísticas de la península de Yucatán, que abarca un total de 1,460 km de vías férreas, divididas en siete tramos, 21 estaciones y 15 paraderos distribuidos por los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, fuentes federales señalan que el proyecto está basado en un modelo de desarrollo sustentable que busca detonar la economía, mejorando la calidad de vida de las y los habitantes, sin depredar el ambiente, al proteger a este último de los estragos de la invasión humana.

Con base en lo anterior, sus objetivos específicos son: 1. impulsar el desarrollo socioeconómico de la región; 2. fomentar la inclusión social y la creación de empleos nuevos; 3. promover y resguardar a las comunidades indígenas locales; 4. fortalecer el crecimiento turístico de México; 5. proteger y rehabilitar las áreas naturales protegidas; y 6. fortalecer el ordenamiento territorial de la península.[2]

Desde las afectaciones socioambientales

De acuerdo con la información que nos brindan 128 notas periodísticas registradas y analizadas por el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (OCSA),[3] el tipo de despliegue de capital del Tren Maya es de categoría mixta, es decir, comprende los sectores de megainfraestructura y vías de comunicación, pero en donde destaca la presencia constante de manifestaciones de descontento, demandas legales, resistencia comunitaria y fuertes cuestionamientos y activismos por parte de las comunidades indígenas y no indígenas, así como del sector académico y la sociedad civil organizada.

Afectaciones ecológicas

Este proyecto extractivo ha generado preocupación y polémica respecto de los impactos ecológicos, entre ellos: 1. la pérdida de biodiversidad mediante la deforestación exhaustiva; 2. la fragmentación de corredores biológicos, al obligar a la fauna a migrar y reducir su capacidad de adaptarse a nuevos ambientes; 3. la alteración de ecosistemas acuáticos, ya que la construcción de las vías férreas no sólo ha contaminado cuerpos de agua, sino que incluso ha destruido cenotes completos; 4. el cambio en el uso del suelo, impulsado por el crecimiento urbano y turístico; y 5. el daño a las áreas naturales protegidas, como la Reserva de la Biosfera de Calakmul y Sian Ka´an.

Representantes de la organización internacional GRAIN, la cual se especializa en sistemas alimentarios basados en una lógica sustentable y de gestión comunitaria, han señalado que el megaproyecto es una obra de acaparamiento multimodal que está provocando el desplazamiento forzado de las comunidades en función de un modelo capitalista.[4]

Por otro lado, el tren es una pieza clave para aumentar la producción agrícola industrial (relacionada con la siembra de transgénicos), que impacta de manera negativa en los medios de vida y subsistencia de los pueblos y las comunidades locales. Este hecho ha movilizado y creado grupos de resistencia, como la batalla legal contra Monsanto, liderada por “La guardiana de las abejas”, la activista y apicultora de Hopelchén, Campeche, Leydy Pech Martín.

Afectaciones sociales

El OCSA identifica rupturas del tejido social derivadas de actos agravantes, como el despojo, a través de mecanismos legales e ilegales, y la omisión de consulta y consentimiento libre, previo, informado, de buena fe y culturalmente adecuados.[5]

Las comunidades han señalado, en incontables ocasiones, la falta de transparencia en la firma de convenios, la ocupación de tierras y el incumplimiento en la obligación de las procuradurías de justicia de acompañar los procesos de diálogo con las y los habitantes. También se registró la ausencia de una respuesta eficaz a las quejas por irregularidades en el proceso, incluyendo la simulación de consenso y legalidad a través de comisiones gestoras que habrían emitido documentos sin sustento legal y celebrado acuerdos sin respaldo de las y los ejidatarios.

Una de las acciones colectivas que han emprendido las comunidades es la entrega de una carta, firmada por siete mil indígenas, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, donde se expresa la falta de un proceso de consulta para que el Tren Maya se llevara a cabo.[6] A la par, otros grupos indígenas se organizaron para interponer amparos que detuvieran el proyecto por la misma razón, entre ellos el promovido por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), que logró una suspensión provisional del tramo que va de Bacalar, Quintana Roo, a Escárcega, Campeche.

En el mismo tema, destacan los comentarios de Maritza Yen Sham, coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Red Nacional de Abogadas Indígenas y Las Margaritas en Chiapas, quien señala que es indispensable construir el proyecto en conjunto, acercarse a las mujeres, respetar su cosmovisión e identidad, informar acerca de las consecuencias y realizar consultas culturalmente adecuadas.[7]

Entre las notas de la base de datos del OCSA, se encontró que, al momento de realizar la consulta —del 29 al 31 de noviembre de 2019—, la información expuesta fue de carácter sesgado y a voz, únicamente de representantes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). En este sentido, el antropólogo e historiador yucateco Ezer May señaló que las sesiones informativas se acotaron a lo que un funcionario público dijo, y que los asistentes tuvieron que realizar preguntas con base en una información desbalanceada y limitada, lo cual, desde su perspectiva, tenía como prioridad obtener la aprobación mayoritaria, y no la creación de un entorno en el que la población estuviera informada, pues la consulta se realizó con promesas de bienestar, desarrollo y más programas sociales, por lo que sólo se comunicaron los posibles “beneficios económicos y ambientales”.[8] Finalmente, organizaciones indígenas expresaron su descontento ante la afirmación de que el proyecto fue avalado por las comunidades, cuando “participó menos del 2% de la población”.[9]

Cabe mencionar que el OCSA ubicó por lo menos veinte organizaciones indígenas que se han pronunciado contra el Tren Maya,[10] resaltando su ausencia en el llamado consenso para la aprobación de este megaproyecto.[11]

Comentarios finales

Durante el presente gobierno federal, se han llevado a cabo ceremoniosos rituales que buscan dar legitimidad a sus acciones, sin embargo, en los hechos, ha resultado contradictorio. La primera de estas ocurrió el 16 de diciembre de 2018, cuando inauguraron un tramo de la vía con un ritual dedicado a la Madre Tierra, orquestado por Pueblos Originarios,[12] y liderado por el presidente de la República desde la potencialidad que puede albergar el uso del idioma maya para nombrar el proyecto, y su eco en el interés por vincular territorios a través de una obra dudosamente catalogada como de desarrollo sustentable, que además no cumple cabalmente los objetivos prometidos.

Igual de simbólica fue la firma del Convenio del Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste, por parte de los gobernadores de los cinco estados por donde pasará el tren, en el cual fungieron de testigos de honor el mandatario Andrés Manuel López Obrador y el representante de ONU-Hábitat en México,[13] Eduardo López Moreno. Los altos funcionarios, ataviados en guayaberas, suscribieron el acuerdo que sentaría las bases para la planeación territorial y urbana de la península.

Especial preocupación surge de la desestimación del impacto cultural del proyecto, pues la densidad arqueológica a lo largo de todo el recorrido del tren indica un tremendo riesgo de ocasionar daños al patrimonio cultural e histórico.

Finalmente, otras afectaciones no menos importantes son el ecocidio, el desarraigo y la desestructuración de formas de vida y visiones del mundo alternativas a las que ofrecen la modernidad y el desarrollo y, esencialmente, no predatorias.

Ésta y más información ha sido localizada y registrada por el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la cual puede consultarse libre y directamente en su plataforma: https://ocsa.ibero.mx/

*Licenciada en Relaciones Internacionales y maestranda en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

** Licenciada en Antropología Social por la UNAM y Asistente del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

[1] Disponible en: https://lopezobrador.org.mx/2018/12/16/tren-maya-potenciara-turismo-trab…

[2] Información disponible en el Anexo Técnico sobre Información del Proyecto del Tren Maya, 2018. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513993/TM_ANEXO_TECNICO_V…

[3] Publicadas en prensa entre enero 2017 y 2021.

[4] GRAIN (2020), “El mal llamado Tren Maya: Acaparamiento multimodal de territorios”. Disponible en: https://grain.org/es/article/6416-el-mal-llamado-tren-maya-acaparamiento…

[5] Instrumento internacional que busca la justicia social de pueblos indígenas y tribales. Organización Internacional del Trabajo (oit) (2014), Convenio Núm. 169 de la oit sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/document…

[6] La Jornada (2019), “Indígenas de Chiapas denuncian ante la onu megaproyecto sin consulta”. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2019/12/12/estados/025n2est

[7] La Jornada (2019), “Respetar el Convenio 169 en la consulta sobre el Tren Maya, exigen indígenas”. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2019/03/06/estados/026n1est

[8] La Jornada (2020), “Tren Maya: la consulta camina por la senda amplia”. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2020/05/31/opinion/018a2pol

[9] La Jornada (2020), “Comunidades desconocen estudios financieros y ambientales del Tren Maya”. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2020/06/05/economia/019n2eco

[10] Sólo el periodo que va de enero 2017 a enero 2021.

[11] Entre ellas, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco-Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo; Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln); Mujeres indígenas de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas; Red Nacional de Abogadas Indígenas, Las Margaritas, Chiapas; Pobladores de los municipios indígenas de Oxchuc, Tenejapa y Huixtán; miembros de los pueblos originarios tzotzil y tzeltal; Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.; Red de Litigio Estratégico en favor de comunidades indígenas y campesinas de la Península de Yucatán; Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C.; y Due Process of Law Foundation.

[12] El uso de mayúsculas para denotar la naturaleza de sustantivos propios (Pueblos Originarios y Madre Tierra) es replicado de las notas periodísticas del sitio oficial presidencial lopezobrador.org.mx

[13] Según datos de la página oficial de onu-Hábitat, ésta es la agencia que desarrolla programas y soluciones para mejorar la planeación de las ciudades, con la intención de hacerlas más prósperas, inclusivas, seguras y sostenibles.

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